Cada cierto tiempo vuelve a instalarse una idea que parece de sentido común: «Las comunas no sirven para nada. Son un gasto innecesario.» A fuerza de repetirse, muchos vecinos terminan aceptándola como una verdad. Después de todo, si los problemas del barrio siguen estando, ¿para qué mantener una estructura que aparentemente no los resuelve?
La respuesta parece sencilla, pero esconde una trampa. Porque nos invitan a discutir si las comunas funcionan o no, cuando en realidad nunca les permitieron funcionar como la ley establece. Es decir, nos piden evaluar una herramienta que, desde su nacimiento, fue utilizada de manera incompleta.
Un auto sin motor nunca va a demostrar que los autos no sirven
Imaginemos que alguien compra un auto nuevo, le saca el motor y luego pretende demostrar que los autos son inútiles porque no se mueven. Cualquiera entendería que el problema no es el vehículo, sino haberle quitado aquello que le permite cumplir su función.
Con las comunas ocurre algo muy parecido. La Constitución de la Ciudad y la ley que las creó les asignaron competencias, responsabilidades y recursos para acercar el gobierno a los barrios y resolver muchos de los problemas cotidianos de los vecinos. Sin embargo, más de veinte años después, buena parte de esas atribuciones nunca fue plenamente transferida.
Entonces aparece la gran contradicción: primero se limita su funcionamiento y después se las señala como ineficientes. Pero si nunca se las dejó desarrollar todo su potencial, ¿cómo podemos afirmar que el modelo fracasó?
La verdadera discusión no es si sirven. Es por qué no cumplen la ley. Este debería ser el centro del debate. No si las comunas existen o no, sino por qué todavía no se cumple completamente una ley vigente, con respaldo constitucional, que fue pensada para descentralizar el gobierno de la Ciudad. Cuando una herramienta no da los resultados esperados porque nunca se le permitió funcionar plenamente, la solución no es eliminarla. La solución es terminar de ponerla en marcha. Lo contrario sería aceptar que cada vez que una política pública es aplicada a medias, en lugar de corregir el incumplimiento decidimos descartar la herramienta.
La cercanía también ahorra dinero
Hay otro argumento que suele repetirse: eliminar las comunas permitiría reducir el gasto público.
Sin embargo, esa afirmación parte de una idea equivocada. Lo que realmente cuesta dinero no es la cercanía; lo costoso es la distancia.
Cuando todas las decisiones dependen de una administración centralizada, los problemas del barrio recorren un largo camino antes de encontrar una solución. Reclamos que pasan por distintas oficinas, expedientes que cambian de escritorio, autorizaciones que demoran semanas y controles realizados por personas que muchas veces ni siquiera conocen el lugar donde ocurre el problema.
Cada uno de esos pasos tiene un costo. Cada demora consume recursos. Cada intermediario agrega burocracia.
Gobernar cerca cuesta menos
que gobernar desde lejos
Pensemos en situaciones que cualquier vecino conoce.
Una luminaria que lleva semanas apagada. Una vereda rota. Un árbol que necesita poda. Una plaza con juegos deteriorados.
En un sistema completamente centralizado, esos problemas deben atravesar una larga cadena administrativa antes de llegar a quien toma la decisión. Mientras tanto, el vecino espera y el Estado sigue gastando recursos en administrar el problema en lugar de resolverlo.
Ahora imaginemos un gobierno de cercanía, con autoridades que conocen el barrio, recorren sus calles y cuentan con herramientas reales para decidir, controlar y actuar.
Hay menos intermediarios. Menos traslados administrativos. Menos tiempo perdido. Menos burocracia.
Y cuando un Estado necesita menos burocracia para resolver el mismo problema, también necesita menos recursos.
Por eso la descentralización no debe verse como un gasto adicional. Bien implementada, es una forma de administrar mejor el dinero público.
El verdadero ahorro está en cumplir la ley
Muchas veces se presenta el debate como una elección entre tener comunas o ahorrar recursos.
Pero esa es una falsa opción.
Nadie propone crear nuevas estructuras ni aumentar el tamaño del Estado. Lo que se plantea es cumplir una ley que ya existe y permitir que las funciones que hoy permanecen concentradas puedan ejercerse desde donde fueron pensadas: los barrios.
Lejos de aumentar el gasto, eso permitiría reducir costos administrativos, mejorar los controles, acelerar las respuestas y hacer mucho más eficiente el uso de los recursos públicos.
No es casualidad que las organizaciones más modernas, tanto públicas como privadas, avancen hacia modelos donde las decisiones se toman cada vez más cerca del lugar donde surgen los problemas. La cercanía no es un capricho. Es un criterio de eficiencia.
Cambiar la pregunta para encontrar la respuesta
Tal vez llegó el momento de dejar de discutir si las comunas son un gasto y empezar a preguntarnos cuánto nos cuesta, como sociedad, no haber completado nunca el proceso de descentralización que establece la ley.
Porque el verdadero costo no es sostener las comunas.
El verdadero costo es mantener un modelo donde las decisiones se concentran lejos de los vecinos, los problemas tardan más en resolverse y la burocracia termina consumiendo recursos que deberían destinarse a mejorar la calidad de vida en los barrios.
Las comunas no fueron creadas para beneficiar a los comuneros ni para sumar una capa más de política. Fueron concebidas como una herramienta para que el Estado estuviera más cerca de las personas, respondiera con mayor rapidez y administrara mejor los recursos públicos.
La verdadera discusión, entonces, no es si las comunas deben desaparecer.
La verdadera discusión es cuándo vamos a exigir, de una vez por todas, que se cumpla plenamente la ley para poder evaluar el sistema tal como fue pensado y no como algunos decidieron mantenerlo durante más de dos décadas.
Porque un auto sin motor nunca demostrará que los autos no sirven.
Y unas comunas a las que nunca dejaron funcionar plenamente tampoco pueden demostrar todo lo que son capaces de hacer.
